Gobierno de Venezuela contra la pared

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La pregunta de qué hacer con Venezuela la han formulado una y otra vez en los últimos años prácticamente todas las cancillerías latinoamericanas, los think-tanks, los periodistas, los políticos más diversos y un heterogéneo grupo de personas. Por lo general, la pregunta se solía quedar sin respuesta dada la complejidad de la crisis y el comportamiento cuanto menos atípico de la mayor parte de los actores implicados.

Y si el clamor por tener una respuesta fue incesante a lo largo de 2017, todavía será mucho más intenso en 2018, con el agravamiento de la situación económica (hiperinflación, desabastecimiento y endeudamiento) y con un drama humanitario que se agrava por momentos, aunque la incertidumbre en torno a la falta de explicaciones coherentes sobre la forma de superar este doloroso trance continuará. Todo hace temer que esta coyuntura aportará consecuencias mucho más graves para la población venezolana, la principal protagonista de esta tragedia en marcha.

La magnitud de la crisis y la resistencia gubernamental a avanzar en cualquier acuerdo negociado han conducido al fracaso de prácticamente todas las soluciones ensayadas. Ni la salida electoral ni las protestas callejeras se han mostrado adecuadas para avanzar, pese a los elevados índices de rechazo que ostentan los dirigentes chavistas, comenzando por el propio Nicolás Maduro, tal como muestran las encuestas de forma reiterada.

Esta realidad se ve agravada por el hecho de que el margen de acción de la oposición es mínimo, dada la constante reformulación de las reglas de juego efectuada por Maduro y el acoso represivo, económico y político al que los somete el régimen. A lo anterior hay que sumar la debilidad, la desunión y la falta de propuestas claras y coherentes por parte de la oposición lo que, en vez de facilitar las cosas, las agrava profundamente.

A esto hay que añadir las grandes limitaciones de la comunidad internacional para mediar en el asunto. Sus posturas a favor del diálogo y de una salida negociada suelen ser rechazadas por el gobierno venezolano, cuando no se intenta aprovechar la vía de la negociación con fines dilatorios o para lograr componendas que permitan descomprimir situaciones muy comprometidas. El apoyo de Cuba, Rusia y también de China le ha permitido al régimen bolivariano cubrirse las espaldas.

En el contexto de la crisis actual que golpea al país, sólo el gobierno de Raúl Castro tiene la suficiente capacidad de presión para intentar solucionar el conflicto venezolano. Pero una cosa es tener la capacidad de hacerlo y otra muy distinta la voluntad de llevarla a cabo. Ante las propias estrecheces económicas que se están viviendo en la Isla, un cambio de gobierno en Venezuela sería catastrófico para el gobierno cubano, dado el nivel de ayuda que en forma de barriles de petróleo recibe diariamente de su vecino caribeño.

Si al interrogante de qué hacer con Venezuela se le añade el de qué se espera de la comunidad internacional, especialmente del vecindario latinoamericano, las respuestas posibles ven incrementado su número, aunque esto no implica de ninguna manera que nadie haya aportado soluciones de ningún tipo, o recomendaciones asumibles por los gobiernos implicados.

Las posiciones del Grupo de Lima, comenzando por la condena de la lamentable situación de los derechos humanos en Venezuela, y la participación de algunas cancillerías latinoamericanas en la negociación que se intenta llevar a cabo en Santo Domingo, son dos pasos importantes. Sin embargo, ante la fragmentación regional es prácticamente imposible llegar a soluciones consensuadas. A esto hay que agregar el peso que las nociones de soberanía territorial y de no injerencia tienen en las opiniones públicas regionales.

La formulación de nuevas propuestas

A comienzos de enero de 2018 se conocieron dos propuestas que aportan algunas novedades en relación a lo que habían sido las recomendaciones vertidas hasta ahora y que nos sacan del círculo vicioso en el que nos hemos movido. Una de ellas, sumamente polémica, la formuló Ricardo Hausmann, ex ministro venezolano (1992-1993) y profesor de Economía en Harvard. La otra es de Emilio Cárdenas, ex embajador argentino ante Naciones Unidas. En ambos casos se pretende que la comunidad internacional, especialmente los países latinoamericanos, adopten un papel más activo para resolver la crisis venezolana.

Hausmann apunta a que la Asamblea Nacional legítimamente elegida y controlada por la oposición deponga al gobierno de Nicolás Maduro, usando sus prerrogativas constitucionales. En su lugar, y de forma transitoria, se elegiría un ejecutivo capaz de solicitar a la comunidad internacional (América Latina, EEUU y la UE) asistencia militar para solucionar el drama humanitario que vive su país. Una crisis que, en sus palabras, “está pasando, inexorablemente, de ser catastrófica a ser inimaginable”.

Por su parte, Cárdenas señala que ante la amenaza creciente que para la paz y la seguridad latinoamericanas supone la política exterior de Maduro, es la región quien debe comenzar a adoptar medidas concretas que vayan más allá de la retórica. Cárdenas recuerda que el gobierno venezolano declaró “personas non gratas” a los representantes diplomáticos de Brasil y Canadá y que Maduro centró buena parte de sus insultos y amenazas en el presidente argentino Mauricio Macri, a quien llamó “ladrón”, “cobarde”, “bandido” y hasta “rata de cañería” y “padrino de la derecha fascista venezolana”.

Cárdenas propuso un “llamado conjunto a consultas” de todos los embajadores latinoamericanos acreditados en Caracas, como una forma de protesta ante lo que califica de conducta inadmisible. También propone, como medida más grave, dejar en manos de cónsules todas las legaciones diplomáticas latinoamericanas. Su propuesta no ha sido objeto de demasiados comentarios, pero tampoco de rechazos sistemáticos.

Como no podía ser de otro modo, por sus implicaciones y por todo lo que hay en juego, incluyendo la propia supervivencia del proyecto chavista, una nueva intervención militar de EEUU en América Latina, el coste en vidas humanas y daños materiales de la operación, el papel de los gobiernos regionales y las intensas reacciones en todo sentido dieron lugar a diversas opiniones y a agrias discusiones.

La responsabilidad de proteger y la responsabilidad al proteger

En las dos mencionadas aportaciones para solucionar la crisis venezolana está implícito el derecho de proteger, es decir, la capacidad de la comunidad internacional de intervenir frente a crisis humanitarias. Ya a fines del siglo XX se comenzó a discutir sobre los límites en la utilización de la fuerza y de las intervenciones multilaterales en situaciones de crisis humanitarias o de aguda inestabilidad. Así surgió la idea de la “responsabilidad de proteger”(R2P), impulsada por Kofi Annan, cuando fue secretario general de Naciones Unidas. Sin embargo, frente a lo que aparecía como un consenso generalizado y las complicaciones surgidas por la intervención de la ONU en Libia, la presidente brasileña Dilma

Respecto al primero, Rousseff aclaró que, pese a apoyar la participación de Naciones Unidas en la prevención de conflictos, quería alertar sobre los costes de las intervenciones militares, que lejos de solucionar esos mismos conflictos los agravaban, con consecuencias directas sobre la población civil. La embajadora en Naciones Unidas, Maria Luiza Viotti, sintetizó un año después la postura brasileña al decir que: “el uso de la fuerza siempre acarrea el riesgo de causar víctimas y diseminar la violencia y la inestabilidad. El hecho de que se ejerza con la intención de proteger a los civiles no hace menos trágicos los daños colaterales o la desestabilización no intencionada”.

Numerosas voces se alzaron contra ese matiz brasileño, que sutilmente tendía a cuestionar la injerencia en asuntos internos y la utilización de la fuerza para solucionar crisis humanitarias. Brasil hacía una clara apuesta por la prevención, aunque el riesgo es que su defensa de la soberanía nacional y la no intervención en los asuntos internos de los países condujera a la inacción. Como sostuvo un representante danés en una discusión en Naciones Unidas en febrero de 2012: “el riesgo de inacción ante las atrocidades masivas es grande, posiblemente mayor que el riesgo de hacer demasiado”.

Lo que está en juego, entonces y ahora, es la contradicción entre el respeto a los principios de soberanía y no injerencia, consustanciales al ADN de la diplomacia y la política latinoamericanas, y la necesidad de proteger a sociedades y poblaciones amenazadas por violaciones de los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas. También el papel derecho internacional humanitario.

Estas son las algunas de las críticas, que de manera más o menos abierta, recibió el artículo de Hausmann. Uno de los dilemas que traduce su propuesta es el del mal menor, ¿qué provocará más daños para la población venezolana, una intervención militar o la perpetuación de la coyuntura actual? Al mismo tiempo, un tema que obvia Hausmann es cómo el nuevo gobierno teóricamente nombrado por la Asamblea Nacional podrá consolidarse en un contexto totalmente hostil y convocar a la comunidad internacional en su ayuda.

Y si bien Hausmann habló de “asistencia militar”, ésta fue traducida por “intervención militar”. Las respuestas de Xabier Coscojuela, por un lado, y de Sean Burges y Fabrício Chagas Bastos, por el otro, van en esta dirección. Incluso estos últimos califican de “terrible idea” una supuesta invasión de Venezuela. Los críticos resaltaron las dificultades de montar una operación militar exitosa teniendo presente el potencial armamentístico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). También se centraron en demostrar que una guerra civil no sólo desestabilizaría a Venezuela sino también al conjunto de América Latina.

Rousseff, en una intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre de 2011, introdujo una sutil matización diferenciando el derecho de proteger del derecho a proteger.

Al mismo tiempo, cuestionaron la capacidad latinoamericana de intervenir con el argumento, cierto, de que sólo EEUU tiene el nivel operacional y logístico necesario para garantizar un cambio de gobierno y restablecer el orden social tras la intervención militar. La participación estadounidense (descontando el factor de rechazo que provoca Trump) generaría un gran descontento y la oposición de la mayoría de los gobiernos regionales, tan pendientes del principio de la no injerencia en los asuntos internos y en la defensa de la soberanía nacional. También se señaló que esto avivaría el sentimiento nacionalista en Venezuela, lo que, convenientemente agitado por el gobierno, reforzaría al chavismo.

Muchos se preguntan si en la actual coyuntura todavía hay margen para una salida política. Algunos creen que aún es posible, sea en Santo Domingo o en otra parte, negociar unas elecciones justas y con garantías. Éste sería el único camino para resolver la crisis y comenzar la reconstrucción nacional.

Frente a estas posturas, Hausmann resalta el fracaso de todas las opciones ensayadas por la oposición para superar el actual estado de cosas. Dada la situación realmente catastrófica que se vive, y las dimensiones pavorosas de la catástrofe humanitaria que acompaña a la crisis, Hausmann recuerda que la inacción solo aumenta exponencialmente el número de víctimas y el sufrimiento del pueblo venezolano. De ahí, entonces, la necesidad de intervenir.

Reflexión final

A día de hoy, la pregunta de qué hacer en Venezuela o con Venezuela no tiene una respuesta clara. Clóvis Rossi señaló a raíz de la discusión planteada por la propuesta de Hausmann que “todas las otras vías para resolver la crisis venezolana fracasaron. Fracasó la vía electoral, fracasó la vía de las protestas y está fracasando el diálogo, entonces es preciso pensar lo impensable”. Ahora bien, ¿dónde están los límites de esas acciones impensables y cuán dispuestas a aceptarlos están los principales actores implicados, comenzando por el gobierno y la oposición e incluyendo a la comunidad internacional?

Puede que Hausmann acierte y que la única solución sea la militar, aunque esta también cabe dentro de la categoría de lo pensable. De todos modos, ¿cuál sería el precio que debería pagar la sociedad venezolana en caso de una respuesta armada extranjera? Ante la actual determinación del gobierno de Nicolás Maduro de resistir al máximo, una intervención rápida de fuerzas extranjeras y con pocas víctimas es prácticamente imposible. Una guerra civil, que sería rápidamente presentada por el chavismo como la resistencia popular heroica frente a una nueva agresión imperialista, dejaría profundas heridas, que tardarían años en cicatrizar. Apelando al victimismo, el mito de Hugo Chávez se reforzaría y el chavismo como movimiento político tendría aspiraciones de poder durante generaciones. De este modo, el futuro de Venezuela estaría condenado en las próximas décadas.

vía realinstitutoelcano.org

Carlos Malamud

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