NUEVA TENSIÓN DIPLOMÁTICA ENTRE PANAMÁ Y VENEZUELA

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El Gobierno de Panamá y el de Venezuela entran en un nuevo conflicto diplomático con la petición de Nicolás Maduro de retirar su embajador en el país centroamericano, mientras que el gobierno de Varela hizo la misma petición al gobierno venezolano. Las autoridades evalúan el impacto de la medida en el ámbito económico y comercial.

La medida de Panamá se da como reacción a la decisión publicada la Gaceta Oficial No. 6,369 de Venezuela, sobre la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con algunos funcionarios y empresas panameñas.

Las relaciones económicas fueron suspendidas en una acción que incluyó a un grupo de funcionarios panameños, entre ellos al presidente Juan Carlos Varela; la vicepresidenta, Isabel de Saint Malo; los ministros de la Presidencia, Álvaro Alemán; y de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.

Además, 46 empresas, entre ellas Copa Airlines, Supercentro Casanova, Casablanca, Vida Panamá, Pan Colombia Travel, Novatex y otras ( ver Lista de sancionados ).

PUGNA DIPLOMÁTICA

A través de una resolución conjunta de los ministerios venezolanos de Comercio Exterior e Inversión internacional, Interior y Justicia, y Economía y Finanzas, se acordó la toma de estas medidas por ‘el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público’.

El mandatario panameño, Juan Carlos Varela, calificó la decisión de suspender relaciones económicas con funcionarios y 46 empresas panameñas como una ‘cantinflada’ por parte del gobierno de Venezuela.

‘Tras analizar las medidas de Venezuela, el Gobierno panameño consideró que se trata de una reacción política que carece de sustento, y se adopta fuera del marco jurídico internacional, adoptada en represalia a las acciones anunciadas por Panamá’, aseguró el Gobierno de Panamá en un comunicado divulgado anoche por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Las autoridades panameñas, agrega el comunicado de prensa, evalúan el impacto de las medidas en el ámbito económico y comercial, a fin de identificar otras posibles futuras acciones.

El pasado 30 de marzo , Panamá incluyó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros dirigentes chavistas en una lista de alto riesgo por blanqueo de capitales.

Al tomar esta decisión, Panamá se sumó a los esfuerzos de otros países, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, de proteger los sistemas financieros internacionales, defender la democracia y los derechos humanos.

El presidente Varela manifestó que se hizo una advertencia en base a listas que han hecho la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá sobre ciudadanos venezolanos.

No es la primera vez, ya en el 2014, el presidente Maduro anunció que su gobierno rompía relaciones políticas, económicas y diplomáticas con Panamá.

La ruptura se produjo luego de que Panamá solicitó una reunión del Consejo Permanente de la OEA para convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para discutir la situación en el país sudamericano.

Entonces, Maduro calificó a Ricardo Martinelli, para el momento presidente de Panamá, como un ‘lacayo’ de Estados Unidos.

EXPECTATIVA POR EL TRANSPORTE AÉREO

El periódico El País de España dice que entre las compañías perjudicadas con los vetos hay muchas inversiones provenientes del tránsito de capitales y personas entre ambos países, y resalta particularmente la Compañía Panameña de Aviación, Copa, una de las pocas aerolíneas internacionales que ha decidido continuar prestando servicios en Venezuela, y una de las más usadas por la creciente cantidad de venezolanos que ha emigrado a Panamá en estos años.

El Gobierno de Maduro adeuda una altísima cantidad de dinero a varias aerolíneas internacionales que no han podido repatriar sus utilidades después de efectuar sus operaciones comerciales, a causa del enorme daño patrimonial producido por la crisis cambiaria gestada entre los años 2012 y 2013. El impago del Gobierno ha ocasionado que muchas de ellas hayan abandonado el país. Copa había decidido continuar con sus operaciones, a pesar de los retrasos y el monto adeudado.

La medida venezolana ha sido interpretada por analistas y observadores diplomáticos como una respuesta política a las sanciones impuestas poco antes por Panamá a Caracas, las primeras que se asumen desde América Latina, tomadas después de que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza penalizaran económica y diplomáticamente a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro por casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y ruptura del orden constitucional. En su declaración de principios, el propio ejecutivo venezolano invoca “el principio de reciprocidad”.

El Gobierno de Venezuela argumenta que el Poder Ciudadano de este país ha determinado en sus investigaciones “el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público”, y que tal cosa se hace con el auxilio y la colaboración de ciudadanos panameños.

El internacionalista Mariano De Alba opina que el anuncio del Gobierno de Maduro es una respuesta que busca producir un efecto noticioso en medio de la grave crisis que atraviesa este país, y que sólo redundará en un mayor aislamiento para Caracas, con sus consecuencias sociales y económicas. Una altísima cantidad de empresas y capitales venezolanos se han instalado en Panamá en estos años, en la misma medida en que los efectos del chavismo los han ido expulsando del país.

El plazo de 90 días, agrega De Alba, servirá para que el Gobierno intente plantearle una negociación a Panamá, que podría prolongarse de manera crónica durante un buen tiempo.

Vía laestrella.com.pa / elpais.com

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